ANÁLISIS SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD EN EL ESTADO VENEZOLANO

LA FALTA ABSOLUTA, LA INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL Y EL ESTADO CONSTITUCIONAL EN VENEZUELA CON BASE EN EL 5M

Por: Humberto De J. Ortiz R.[1]

“La democracia no es una categoría encerrada en un horizonte histórico lejano, una especie de big bang jurídico-político en el cual, durante el fugaz momento en el que se definieron el Estado y su Constitución, la sociedad fundamental fue libre, y todas las generaciones sucesivas sólo resultan legatarias de una decisión inmutable, sin más opción que acomodarse a las decisiones originarias”.  Diego Valadés.

La escena sociopolítica venezolana se enfrenta a uno de los escenarios más complejos de su historia republicana, y ello es, la decisión de quien asumirá el poder, entiéndase la Presidencia de la República, a raíz del fallecimiento del hoy Ex presidente Hugo Chávez Frías. Así las cosas, si bien el país se encuentra subsumido en un cúmulo de emociones contradictorias, no es menos cierto que se hace exigible y urgente que el llamado por la Constitución, asuma el cargo que hoy se encuentra vacante, ante la acefalía absoluta producida por la muerte de quien fuere en la otrora reciente, el ocupante del máximo cargo de la nación.

En este sentido se hace preciso traer a colación lo establecido en el artículo 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), la cual establece lo siguiente:

…Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreto dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o la nieva Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional.

Si la falta absoluta del Presidente o Presidenta de la República se produce durante los primero cuatro años del período constitucional, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o la nueva Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Vicepresidente Ejecutivo o la Vicepresidenta Ejecutiva…

Del texto citado se extraen dos escenarios, el primero, que plantea la falta absoluta del Presidente electo antes de la toma de posesión de su cargo, que implícitamente es lo ocurrido en Venezuela, toda vez que, Hugo Chávez Frías no tomó posesión del mismo el pasado 10 de enero ante la Asamblea Nacional, ni tampoco lo hizo en fecha posterior antes de su muerte, por lo cual debe asumir la Presidencia, el Presidente de la Asamblea Nacional, es decir, Diosdado Cabello; y el segundo, que habiendo tomado posesión del mismo, al producirse la falta absoluta posterior a la toma de posesión, debería hacerlo el Vicepresidente Ejecutivo, es decir, Nicolás Maduro.

Habiéndose realizado la explicación precedente, no debería generarse ninguna incertidumbre en el escenario venezolano, puesto que la respuesta a la interrogante de quien debe asumir la Presidencia, tendría una respuesta por demás clara y explícita, consagrada en el texto fundamental. No obstante, la zona gris se genera a partir de la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 9 de enero de 2013, en la cual al pronunciarse sobre la toma de posesión  y juramento del entonces Presidente electo, revierte el orden constitucional y aplica, de forma incongruente, el principio de continuidad administrativa, alterando con ello, la esencia de la Carta Magna, produciendo así, una mutación constitucional expresada a través, de la fractura del sistema previsto en la propia constitución.

Con ello, se vulneró la transparencia, certidumbre y confianza legítima, también entendida, como expectativa plausible, de los ciudadanos frente a la Constitución y el llamado a garantizarla y preservarla, que es la propia Sala Constitucional del máximo tribunal de la República.

Así las cosas y en atención a la sentencia antes indicada, para entender lo que ocurre y ocurrirá en las próximas horas en Venezuela, es preciso ir más allá de una interpretación exegética de la Constitución, y lejos de esperar la asunción al poder del Presidente de la Asamblea Nacional, se debe estar preparado para la toma de posesión del Vicepresidente Ejecutivo de la República, en atención a una interpretación político-axiológica de la norma fundamental, con lo cual se continuará con la fractura constitucional devenida de la decisión antes comentada y se fortalecerá la matriz de opinión y corriente jurídica asumida por la Sala Constitucional. Situación esta que representa una violación a la Constitución, toda vez, que al no haberse producido la toma de posesión el 10 de enero, no se materializó la formal designación del Vicepresidente Ejecutivo para el período en curso, sino que mediante una postura política se le dio apariencia de legalidad a una situación de ilegalidad, que sin duda compromete el estatus quo de la República, pero que evidencia, la forma en como ha venido actuando la Sala Constitucional. Al respecto Brewer-Carías plantea:

…la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, como Juez Constitucional, lejos de haber actuado en el marco de las atribuciones expresas constitucionales…, ha venido desarrollando un proceso de mutación ilegítima de la Constitución que ha abarcado aspectos fundamentales del sistema constitucional, como los cambios efectuados en el régimen transitorio de la Constitución; en el régimen de los referendos revocatorios; en el rango supraconstitucional de los tratados internacionales y su aplicación inmediata; en el régimen de la protección internacional de los derechos humanos; en el principio de la alternabilidad republicana y las limitaciones a la reelección de cargos electivos; en el régimen del financiamiento público de los partidos políticos; en el régimen de la distribución de competencias en el Estado federal, y en el régimen del antejuicio de méritos a altos funcionarios públicos.

En todos estos casos, en ejercicio de estas competencias y poderes, como máximo intérprete de la Constitución, pero al margen de la misma y mediante interpretaciones inconstitucionales, la Sala Constitucional al ejercer su facultad de interpretación del contenido y alcance de las normas constitucionales (art. 334) en estos casos, e incluso en ausencia de normas ambiguas, imprecisas, mal redactadas y con errores de lenguaje, ha modificado ilegítimamente el texto constitucional, en muchos casos incluso legitimando y soportando la estructuración progresiva de un Estado autoritario, del cual ha sido un instrumento. Es decir, ha falseado el contenido de la Constitución, mediante una “mutación,”  ilegítima y fraudulenta de la misma,  lo que ha ocurrido desde el momento mismo en el cual la Constitución fue sancionada y aprobada por el pueblo en diciembre de 1999, habiendo sucesivamente introducido múltiples modificaciones a la Constitución directamente, mediante sentencias interpretativas, o legitimando decisiones inconstitucionales de otros órganos del Estado, usurpando así el poder constituyente originario. Estas modificaciones ilegítimas a la Constitución, por supuesto, al haber sido realizadas por su máximo guardián, que no tiene quien lo custodie, han quedado consolidadas en la vida político constitucional del país, al haber asumido la Sala Constitucional un poder constituyente derivado que no tiene y que no está regulado en el texto constitucional. La pregunta de siempre que suscita el poder incontrolado, Quis custodiet ipsos custodes, por tanto, aquí también ha adquirido todo su significado, pues no tiene respuesta. (Brewer-Carías, 2009, en línea)

Una respuesta que podría tener salida, en el ejercicio de la ciudadanía, mediante la exigencia de respeto a la Constitución, dentro los límites por ella misma establecidos, toda vez, que la exigencia de los derechos, sólo encuentra fortaleza si se hace respetando los deberes propios y derechos de los otros en el marco de la norma. Ahora bien, es importante entonces, considerar el derecho de resistencia frente a actuaciones contrarias al deber ser constitucional, y en tal sentido, se considera conveniente exponer lo siguiente:

Su sentido podría residir en recordar a todos, ciudadanos e instituciones, que las constituciones modernas –y en especial aquellas posteriores a la segunda guerra, basadas en las declaraciones de derechos de libertad, políticos y sociales que se acompañan con un diseño coherente de los poderes del Estado– se materializan mediante dicho ordenamiento, pero que no dejan de lado el caso-límite en el que, eventualmente, puede generarse una fractura profunda, por un lado, entre principios y  normas constitucionales y, por el otro, entre poderes que, al ser legitimados constitucionalmente, produzcan de hecho una (paradójica) legalidad anticonstitucional. Cuando se presentara un caso de esta naturaleza, si existiera un artículo que recoja el derecho de resistencia, se podría afirmar que la constitución –y no solo el espíritu del constitucionalismo– vive y se realiza ya no sólo a través del ordenamiento de los poderes previstos en ella, sino en la resistencia a los mismos por parte de ciudadanos que se niegan a aceptar pasivamente la reversión en una forma autocrática de su concessio imperii. De esta manera, también queda superado el argumento que sostiene que las constituciones que incluyen dicho derecho están ilógicamente predispuestas al suicidio. Al contrario, por un lado, de este modo se asegura una especie de eterna juventud a la validez de la constitución: consagrar en la constitución el derecho de resistencia significa reconocer, precisamente, la legalidad en el ámbito de la constitución misma de un acto, la resistencia, que de otra manera podría parecer una fractura en la validez de la constitución. Por el contrario, al contener dicha norma, la constitución asegura su propia continuidad frente a las tentativas subversivas de las clases dirigentes que, de hecho, con su actuación provocasen la legítima resistencia; por otro lado, se obtendría un instrumento jurídico, si bien débil, para distinguir entre las personas que conscientemente deciden asumir el riesgo de desobedecer y de resistir en defensa de la constitución y los bandidos o los delincuentes comunes. (Vitale, 2010, en línea).

En este contexto, cabe traer a colación las enseñanzas de Peter Haberle, quien señala que la “Constitución quiere decir orden jurídico fundamental del Estado y de la sociedad, es decir, incluye a la sociedad constituida, aunque ciertamente no en el sentido de nociones de identidad, es decir, no sólo es el Estado el constituido (la Constitución no es sólo Constitución “del Estado”). Así las cosas, este concepto amplio de Constitución comprende las estructuras fundamentales de la sociedad plural, como por ejemplo, la relación de los grupos sociales entre sí y de éstos con el ciudadano (¡Tolerancia¡)… En tal sentido, siguiendo a la filosofía del “espíritu abierto” (Popper), la Constitución permite la apertura hacia delante, hacia el futuro; institucionaliza las experiencias (apertura hacia atrás) y abre espacio para el desarrollo del espíritu humano y su historia. A favor de la dignidad de la persona obliga al grado de máximo de tolerancia –la que permite la plenitud de la interpretación- claro está con ciertos “límites de tolerancia”, que se hacen tanto más indispensables cuanto más se convierte la tolerancia en parte integrante del consenso constitucional básico, el cual difícilmente se puede formalizar como tal en términos jurídicos (constitucionales)”.

Siguiendo con este orden de ideas, y recapitulando lo expuesto hasta el momento, las interpretaciones que han hecho los organismos oficiales, lejos de adentrarse en un ámbito jurídico, han incorporado de forma exacerbada un amplio componente ideológico-político-axiológico como se ha señalado ut supra. En tal sentido, es conveniente resaltar, tal y como lo hacen Bill Coxall y Lynton Robins que “la ideología es un sistema interrelacionado de ideas que ofrecen una visión comprensiva y apta para movilizar amplios sectores de la población a favor o en contra del cambio político. En este sentido, las ideologías políticas representan una acción orientada, le dan forma al comportamiento político en una dirección particular”. (Orsonio Corres, S/A, en línea). Es precisamente hacia una dirección específica, hacia donde los actores que lideran la escena política, están conduciendo la visión de los venezolanos, mediante la adopción de decisiones, y puesta en ejecución de acciones, que le imprimen un aire de legalidad, a lo que es evidente inconstitucional.

Ante ello, resulta interesante explicar ¿sí se está o no frente a un Estado Constitucional?, y por este se entiende a aquél,

En el que el ejercicio del poder político debe ser legítimo, legal, razonable, eficaz, controlado y responsable, todo cambio en un sentido adverso a la organización y al funcionamiento conforme a esas características, será posible en lo formal, pero privará al Estado de característica de constitucional. Seguirá habiendo un Estado, y un orden coactivo, pero no será el orden constitucional que, de manera convencional, reputamos como aceptable según el criterio dominante. Esto no quiere decir que ese criterio sea a su vez inmutable; quiere decir que un momento y en un lugar determinado esa es la orientación adoptada como válida. El estándar constitucional puede variar, como en efecto ha variado, porque la esencia de las instituciones es la su relatividad, a menos que para valorarlas apliquemos un patrón de rigidez derivado de los dogmatismos absolutos, de matriz religiosa. (Valadés, S/A, en línea).

Así las cosas, en el marco de las ideas expuestas es posible concluir que en Venezuela, el Estado actual, ha perdido la característica de constitucional desde el punto de vista material, sin embargo, mantiene su carácter coactivo sustentado en la apariencia de legalidad que le otorgan las actuaciones y decisiones de los órganos encargados de mantener “la vigencia de la Constitución”.

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[1] Abogado. Diplomado en Formación Docente. Experto y Magíster en Dirección y Gestión Pública Local para el área Andina. Especialista en Función Pública y Gestión de RRHH. Magíster en Práctica Jurídica Economist & Jurist. Profesor de Derecho Constitucional, Derecho Internacional Público y Derecho Procesal Administrativo. Miembro del Departamento de Derecho Público de la Universidad Rafael Urdaneta. Profesor invitado de Derecho Administrativo General en La Universidad del Zulia.